El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el Gobierno evalúa adoptar medidas para reforzar el control y la seguridad en los colegios, tras los hechos registrados en el Liceo Naval Almirante Guise, donde seis estudiantes fueron internados en un centro juvenil mientras son investigados por su presunta responsabilidad en una agresión sexual contra un alumno de cuarto de secundaria.

Durante una entrevista con RPP, Galarreta señaló que el caso fue abordado en la última sesión del Consejo de Ministros y sostuvo que lo ocurrido debe servir para revisar la situación de otros centros educativos que también acumulan denuncias y quejas.

“Este hecho repudiable, lamentable, va a servir y tiene que servir para poner orden también en las escuelas”, afirmó. Según explicó, existen instituciones educativas con numerosas quejas que, a su juicio, no estarían recibiendo una respuesta suficiente por parte de las autoridades.

El jefe del Gabinete consideró además necesario revisar las normas que regulan las sanciones aplicables a los estudiantes. Cuestionó que no se contemple la expulsión como una alternativa frente a casos en los que determinados alumnos puedan representar un riesgo para sus compañeros.

“¿En qué momento se prohibió que alumnos que, lamentablemente, no están formados, tienen algo que daña a otros niños o ponen en riesgo a otros niños, no se les puede sancionar o hasta expulsar del colegio?”, preguntó.

Galarreta precisó que no respalda medidas de violencia ejercidas por docentes o directores contra estudiantes, pero planteó diferenciar ese tipo de conductas de las sanciones disciplinarias que correspondan ante hechos graves.

El caso del Liceo Naval Almirante Guise derivó en una reorganización de la institución y su administración pasó al Ministerio de Educación. El Gobierno ha señalado que las medidas no se limitarían a cambios administrativos y que se busca revisar mecanismos de prevención y respuesta frente a situaciones de violencia dentro de los colegios.

La discusión plantea ahora cómo fortalecer la protección de los estudiantes, garantizar investigaciones oportunas y establecer sanciones proporcionales, respetando tanto la seguridad de la comunidad educativa como los derechos de los menores involucrados.