Cinco años de pena privativa de la libertad impusieron a agente del INPE que intentó ingresar chips de telefonía y dinero.

INHABILITADO PARA EJERCER CARGO PÚBLICO

Un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue condenado a cinco años de prisión efectiva luego de admitir que intentó introducir tarjetas micro SIM al penal de Socabaya, en Arequipa. El trabajador fue intervenido cuando pretendía ingresar con los dispositivos ocultos en una mochila.

La sentencia fue dictada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa contra Nelson Carrillo Sullayme, quien fue hallado responsable del delito contra la administración pública, en la modalidad de ingreso indebido de equipos o sistemas de comunicación, fotografía y/o filmación en establecimientos penitenciarios.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 15 de septiembre de 2026, alrededor de las 7:00 horas. Carrillo llegó a la puerta principal del establecimiento penitenciario de Socabaya portando una mochila. Durante el control de seguridad, el personal detectó una costura irregular en la parte posterior del equipaje.

La revisión permitió descubrir un compartimento oculto, donde se encontraron aproximadamente 50 tarjetas micro SIM y tres fajos de dinero. Posteriormente, las autoridades determinaron que los chips pertenecían a la empresa Entel. La mayoría tenía cobertura y 11 de las tarjetas contaban con saldo disponible para efectuar llamadas.

Tras el hallazgo, la Policía procedió con el lacrado e incautación de las evidencias y detuvo al trabajador, quien quedó sometido a las investigaciones correspondientes.

Durante la audiencia judicial, el procesado reconoció los hechos atribuidos por el Ministerio Público y aceptó su responsabilidad penal y civil. Ante esta situación, la Fiscalía y la defensa acordaron acogerse al mecanismo de terminación anticipada, lo que permitió establecer una sentencia tras la aceptación de los cargos.

Además de la pena privativa de libertad, el juzgado fijó una reparación civil de 25 mil soles a favor del Estado. De este monto, 10 mil soles ya habían sido pagados, por lo que quedaron pendientes otros 15 mil soles, cuya cancelación deberá efectuarse dentro del periodo establecido para el cumplimiento de la condena.

La resolución judicial también contempla la inhabilitación del sentenciado para ejercer el cargo que desempeñaba. Asimismo, durante cinco años no podrá obtener ni desempeñar mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.

El caso pone nuevamente bajo investigación el control de los mecanismos de seguridad destinados a impedir el ingreso de medios de comunicación no autorizados a los establecimientos penitenciarios.