Por: Carlos Meneses

Las lluvias no esperan trámites administrativos. La naturaleza tampoco concede prórrogas a las autoridades. Si el Estado conoce que 11.2 millones de peruanos están en peligro, no actuar constituye una irresponsabilidad. La prevención debe dejar de ser discurso y convertirse en una obligación cumplida. La vida de millones de ciudadanos no puede seguir dependiendo de la suerte.

El Perú enfrenta una amenaza que no puede atribuirse únicamente a la fuerza de la naturaleza: la vulnerabilidad de millones de ciudadanos es también consecuencia de décadas de improvisación, crecimiento urbano desordenado y negligencia estatal. El Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que 11.2 millones de personas habitan en 3.5 millones de viviendas construidas con materiales inadecuados en 768 distritos expuestos a un riesgo alto o muy alto de inundación. Esta cifra no es una simple estadística. Representa hogares que podrían perderlo todo ante lluvias intensas, desbordes de ríos y huaicos.

La tragedia potencial se extiende a servicios esenciales. Cerca de 27 mil colegios públicos requieren reemplazo debido al riesgo de colapso, y el 56% se encuentra en zonas vulnerables. ¿Qué clase de Estado permite que miles de estudiantes desarrollen sus actividades educativas en locales que no ofrecen garantías de seguridad? La protección de la infancia no puede quedar subordinada a la burocracia, los expedientes interminables ni la incapacidad de ejecutar presupuestos.

La infraestructura vial tampoco ofrece seguridad. Más de 30 mil kilómetros de carreteras asfaltadas y afirmadas podrían resultar afectados por las precipitaciones. A ello se suma que el 66% de la red vial nacional se encuentra en malas condiciones. Las consecuencias son previsibles: poblaciones aisladas, dificultades para trasladar alimentos, interrupción de servicios de salud y pérdidas económicas que golpean especialmente a quienes menos recursos tienen.

Pero el dato más indignante es que 329 de los 534 proyectos de drenaje pluvial registrados permanecían abandonados o paralizados a septiembre de 2026. No se trata de obras accesorias, sino de infraestructura indispensable para proteger vidas y ciudades. Cada proyecto detenido constituye una oportunidad perdida para reducir el impacto de las lluvias. Mientras las autoridades acumulan anuncios y compromisos, la población continúa expuesta.

El problema no radica en la falta de diagnósticos. Las instituciones conocen los territorios vulnerables, identifican los riesgos y elaboran planes. Lo que falta es convertir esa información en decisiones concretas, inversiones oportunas y resultados verificables. La prevención sigue siendo relegada frente a la emergencia, cuando reparar los daños suele costar mucho más que evitarlos.

El Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades deben asumir responsabilidades sin trasladarse mutuamente las culpas. Se requiere fiscalización rigurosa, transparencia en el gasto y prioridad absoluta para las viviendas, colegios, carreteras y sistemas de drenaje más expuestos.