Por: Roy F. Cárdenas Velarde

El Perú es un país minero, algo que para el lector no es un secreto ni mucho menos una novedad. No por nada la minería es una de las actividades que más contribuyen a las arcas del fisco, y que genera un mayor número de empleos. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), por cada empleo directo en la actividad minera se generan adicionalmente 6.25 empleos en el resto de la economía; entre efecto indirecto, efecto inducido en el consumo y efecto inducido en la inversión.

Pero, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro; por lo menos no legal. Así, tenemos una minera ilegal que se encuentra presente en todas las regiones del país, la situación es alarmante en unas más que en otras. Prueba de ello es que el año pasado la NASA publicó una imagen que daba cuenta del impacto de la minería ilegal en el departamento de Madre de Dios.

Lamentablemente, la minería ilegal es una enfermedad a la que pareciera que la cura creada por el Estado no le estuviera surtiendo efectos. Si quisiéramos analizar todas las causas que originan su desarrollo y las circunstancias que la viabilizan, pasaríamos días enteros. Parafraseando a González Prada, pondríamos el dedo y no dejaría de saltar la pus.

Una de esas circunstancias, sobre la que no pretendo posar el dedo y así nunca terminar esta columna, es la corrupción, que ha sido abordada por el Proyecto Prevenir de USAID en su reciente publicación, Corrupción en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en la Amazonía peruana.

En el informe se concluye que las vulnerabilidades en la cadena de valor del oro proveniente de la MAPE dan paso a la corrupción, lo que a su vez no permite que en el país exista esta actividad de manera formal y sostenible. Para César Ipenza, consultor del Proyecto Prevenir que trabajó en dicho informe, “la corrupción es un factor que impide la formalización y facilita el ejercicio de la minería ilegal en el país”, lo que es cierto y preocupante a la vez.

La corrupción es un tema complejo y de doble vía. Se tienen casos en los que sus ingresos han permitido que autoridades lleguen al poder (de ida), lo que luego debe ser traducido en “favores”, ya sea de hacer o no hacer (de vuelta).

La minería es amada por unos y odiada por otros, lo cierto es que al igual que tantas otras actividades en el país es una moneda con dos caras, existe una formal y otra informal/ilegal. Y es esta última la que debe generar una mayor preocupación al Estado, ya que como señala el informe del Proyecto Prevenir, ella no cumple con ninguna exigencia administrativa, técnica, social o ambiental, y tiene enormes impactos ambientales, sociales y económicos.