Por: Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad

PERÚ COMPETITIVIDAD

Según la OCDE (2017), la confianza es fundamental para el éxito de las políticas públicas que dependen de la cooperación y el cumplimiento de los ciudadanos. Un mayor nivel de confianza en el gobierno aumenta la probabilidad de que los ciudadanos cumplan y acepten las demandas y regulaciones gubernamentales (Levi y Stoker, 2000). Sin embargo, en Perú, los niveles de confianza en las entidades clave para la prestación de servicios públicos, como los gobiernos subnacionales, son notablemente bajos. Según datos del INEI, durante el segundo semestre de 2023, solo el 15,5% de la población confió en las municipalidades distritales, el 16,7% en las provinciales y solo el 11,9% en los gobiernos regionales.

La literatura sugiere que la rendición de cuentas es crucial para aumentar la confianza pública (Grimmelikhuijsen, 2012; Rose-Ackerman y Palifka, 2016). Brindar acceso adecuado, focalizado y oportuno a la información sobre el desempeño gubernamental puede ser una herramienta poderosa. Esto no solo facilita la detección y disuasión de actividades corruptas, sino que también puede mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública al reducir sobrecostos y aumentar el avance físico de los proyectos (Klitgaard, 1988; Tanzi y Davoodi, 1997; Pieth, 2012).

A pesar de esta evidencia, los niveles de rendición de cuentas en Perú siguen siendo insatisfactorios. Según la plataforma Data para la Acción, al segundo semestre de 2024, existen 42.290 inversiones activas bajo la responsabilidad de los gobiernos subnacionales. De estas, 24.679 están obligadas a informar mensualmente sobre el avance físico, pero el 39% (9.503) no cumple con esta obligación. Como resultado, la falta de información sobre el avance físico de más de un tercio de las inversiones dificulta la obtención de los beneficios asociados a la rendición de cuentas.

En consecuencia, la ejecución física de los proyectos se ve afectada negativamente y los datos así lo revelan. Al segundo semestre de 2024, más del 22,7% de las inversiones activas presentan retrasos significativos, con un promedio de 524 días de demora. Además, 5.624 proyectos tienen más de 100 días de retraso. En términos de costos, el 43,3% (18.823) de los proyectos activos han experimentado incrementos de hasta un 86% respecto a su presupuesto inicial, con 9.747 proyectos mostrando una variación mayor al 50%.

Comparando estos resultados con los del segundo semestre de 2023, las desviaciones en plazos han aumentado en un 37%, con un incremento del 79,9% en los gobiernos regionales. En cuanto a los costos, las desviaciones se han incrementado en un 56%, con un aumento del 75% en los gobiernos regionales.

El análisis de las entidades revela aún más preocupaciones. Por ejemplo, los cinco gobiernos regionales con mayor presupuesto para inversión en 2024 presentan un retraso promedio de 515 días y una desviación del costo de casi el 97%. Los cinco gobiernos locales con mayores recursos tienen un retraso promedio de 662 días y una desviación del costo del 86%. Estos datos destacan la gravedad de la situación y subrayan la necesidad urgente de fomentar la transparencia en la ejecución de inversiones.

Para abordar esta problemática, el rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es crucial. Se recomienda implementar medidas que condicionen la ejecución presupuestal a la entrega oportuna de informes sobre el avance físico de los proyectos. Esta medida no solo permitiría tomar decisiones basadas en evidencia para mejorar la ejecución de inversiones, sino que también contribuiría a generar un clima de mayor confianza, esencial para el éxito de cualquier política pública.