Por: Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad

PERÚ COMPETITIVIDAD

El seguimiento de la ejecución de proyectos se realiza tanto a la ejecución monetaria de los recursos, así como la ejecución física del proyecto; es decir, el avance de la obra. En cuanto a lo primero, a enero 2025, la ejecución de la inversión pública ascendió a S/3.157 millones, incrementándose en 47% con relación al mismo mes de 2024. Este incremento representa una cifra récord superando ampliamente la ejecución en, por lo menos, los últimos 10 años. De hecho, a finales del 2024, se alcanzó una ejecución monetaria de S/57 mil millones (82% de su PIM) superando en 16% a la del 2023 (S/49,8 mil millones). No obstante, respecto a la ejecución física, aún existen desafíos que se evidenciaron al cierre del año pasado.

En primer lugar, uno de los problemas identificados son las variaciones de los costos de la ejecución de la obra en comparación con los costos aprobados en el primer expediente técnico (ET). Al respecto, de un universo de 172 proyectos culminados y con costo unitario mayor a S/25 millones, se analizó una muestra de 25 proyectos y se observó que las desviaciones entre costo actualizado de obra y el costo calculado de esta en el primer expediente técnico es del 43%. Por nivel de gobierno, se observa que los GL son los que mayor desviación alcanzan con un 73 %. Este resultado es crítico, considerando que contar con expedientes técnicos con deficiencias en su diseño es una de las causas de las paralizaciones de obras (CGR, 2022).

En segundo lugar, pero no menos importante son los retrasos en la finalización de las obras. Así al cierre del 2024, más del 21% (12.067 proyectos) del total de inversiones activas con presupuesto (55.532) presentaron retrasos significativos en su finalización, alcanzando un promedio de 612 días de demora, siendo esta cifra mayor al promedio del 2023 (532 días). Además, el nivel de cierre de los proyectos es bajo. Del total de proyectos que tuvieron su primera ejecución entre 2012 y 2020, se observa que, al cierre del 2024, solo el 13% (18.042) se encuentran cerrados. Es decir, por año solo se ha cerrado el 1% de estos proyectos.

En este contexto, resulta importante la incorporaciones y modificaciones realizadas por la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 009-2025-EF, promulgado en enero de 2025. En detalle, una de las principales medidas es la modernización del Registro Nacional de Proveedores, pues será un repositorio de información que permita, entre otras cosas, medir el desempeño del proveedor, a fin de generar incentivos para aquellos que estén mejor calificados. Uno de los criterios de evaluación se considerará el cumplimiento de plazos de entrega de contrataciones de bienes, servicios y obras.

Si bien la inversión pública ha mostrado un avance significativo en términos de ejecución monetaria, los desafíos en la ejecución física siguen limitando su impacto real. Las significativas desviaciones en costos, los retrasos en la finalización y la baja tasa de cierre de proyectos evidencian la necesidad de fortalecer esta etapa. Las modificaciones introducidas por la Ley 32069 buscan mejorar la eficiencia y transparencia en las contrataciones públicas, pero su éxito dependerá de una implementación efectiva y un monitoreo riguroso que garantice que los recursos invertidos se traduzcan en obras concluidas y operativas para la ciudadanía.