Este miércoles 22 de mayo se llevará a cabo la audiencia en la que se evaluará el acuerdo de terminación anticipada solicitado por el exalcalde de Yarabamba, Manuel Aco Linares, procesado por los presuntos delitos de colusión y cohecho activo genérico. La sesión judicial se desarrollará a pocos meses del vencimiento de las restricciones judiciales impuestas en su contra.

MAÑANA 22 DE MAYO

En ese contexto, el gerente municipal de Yarabamba, Nicolás Bernal Borda, solicitó a las autoridades de la Corte Superior de Justicia y al Ministerio Público de Arequipa que se pronuncien de manera definitiva sobre este proceso, iniciado formalmente en junio de 2024 y que hasta la fecha no cuenta con una resolución firme.

“La ciudadanía está preocupada por la falta de decisiones claras. Es inadmisible que, existiendo una confesión y un procedimiento de terminación anticipada en curso, aún no exista una resolución judicial”, indicó Bernal.

Manuel Aco Linares fue detenido preventivamente por los mencionados delitos, pero meses después se le otorgó comparecencia con restricciones, a pedido de la fiscal Marita Cueva Ojeda. Esta medida, que impide al exalcalde ejercer función pública y salir del país, tiene vigencia hasta julio de este año.

Según explicó el gerente municipal, en las últimas semanas se han difundido versiones sobre un posible retorno del exalcalde al cargo una vez que finalicen las restricciones judiciales. Esto ha generado preocupación entre los vecinos del distrito, quienes esperan un pronunciamiento claro de las autoridades judiciales.

El acuerdo de terminación anticipada presentado por Aco Linares y sus exfuncionarios plantea una reducción de la pena inicialmente solicitada —más de 13 años de prisión— a una sanción de cinco años, que incluso podría convertirse en 261 jornadas de servicio comunitario mediante la figura de la conversión de pena.

Bernal Borda  manifestó: “El sistema judicial no puede enviar un mensaje de permisividad frente a estos casos. Exigimos una respuesta firme y oportuna”.

La audiencia de este 22 de mayo representa un momento clave en el proceso, luego de varias reprogramaciones. De no resolverse el caso antes del vencimiento de las restricciones, se abriría la posibilidad de que el exalcalde recupere sus derechos políticos sin una sentencia definitiva.