Una de cada tres inspecciones termina con acta de infracción.

Las materias más fiscalizadas corresponden a remuneraciones, jornada laboral, seguridad y salud en el trabajo, y verificación de despidos, reflejando las principales preocupaciones de los trabajadores y los puntos críticos de cumplimiento para los empleadores.

En cuanto a resultados de las inspecciones de Sunafil, señalan que 1 de cada 3 inspecciones termina en un acta de infracción, siendo la obstrucción a la labor de los inspectores (no entregarles información o impedir su acceso al centro de trabajo) una de las principales imputaciones, con un apreciable 40 % de los casos. “Se necesita fortalecer la capacitación de empleadores e inspectores y promover una cultura de cumplimiento y colaboración entre las partes”, recomienda el informe.

Para este año 2025, la Sunafil ha proyectado incrementar en más de 15 mil las inspecciones laborales, y mantener las acciones previas y virtuales, con un enfoque especial en las MYPES; además, tener una cobertura nacional (hoy principalmente enfocada en Lima y Callao) e ir a sectores de alto riesgo: construcción, minería, industria y comercio.

“Los esfuerzos en estos sectores aún podrían ser mayores, a fin de transformar a la Sunafil en un verdadero aliado estratégico de la formalización laboral y cumplimiento normativo laboral en el Perú”, finaliza el informe recientemente elaborado.

Asimismo, puntualiza que actualmente hay una distribución desigual del personal inspectivo con una alta sobrerrepresentación de personal en zonas con menores tasas de informalidad como Lima, descuidando a los trabajadores más vulnerables en regiones con alta informalidad.

“El personal inspectivo en Lima y Callao representa más del 40% a nivel nacional cuando en estas zonas sólo el 25% de trabajadores son informales. En contraste, Huancavelica, Pasco y Madre de Dios superan el 75% de informalidad, pero disponen de una menor proporción de inspectores”, precisó.