Exalcalde de Yarabamba, Manuel Aco Linares. Exautoridad municipal podría volver a la alcaldía si no se prorrogan las medidas que le impiden ejercer cargo público.

La fiscal Marita Cueva Ojeda, a cargo del caso de corrupción que involucra al exalcalde de Yarabamba, Manuel Aco Linares, ha presentado una apelación ante la decisión del juez José Luis Vilca Conde, quien excluyó al exburgomaestre del beneficio de terminación anticipada. La resolución judicial, emitida el pasado 23 de mayo, consideró que los elementos presentados por la defensa no justificaban una pena atenuada.

Sin embargo, pese a este nuevo trámite judicial, el Ministerio Público no ha solicitado hasta el momento la ampliación de las medidas restrictivas impuestas a Aco Linares, las mismas que vencen en julio próximo. Esta omisión podría abrir la puerta para que el exalcalde, quien reconoció haber concertado con contratistas para defraudar al Estado, intente retornar al cargo municipal sin impedimentos legales vigentes.

Según fuentes judiciales, corresponde a la Fiscalía requerir la prórroga de estas restricciones, que incluyen la prohibición de ejercer función pública y salir del país. Las medidas fueron dictadas en octubre de 2024, cuando se formalizó la investigación preparatoria en su contra.

La pasividad fiscal frente al vencimiento de dichas disposiciones ha sido interpretada por algunos actores políticos y legales como una forma de favorecer indirectamente a Aco Linares. En efecto, el proceso penal aún no concluye con una sentencia firme, pero si las restricciones caducan en julio y no son renovadas por el Poder Judicial, el exalcalde podría recuperar su cargo aprovechando el vacío legal.

El caso forma parte de la investigación conocida como “Los Ediles del Sur”, una red de corrupción que operaba en diversos municipios del sur de Arequipa. En este proceso ya fueron sentenciados nueve implicados por el delito de colusión agravada, incluidos funcionarios municipales y empresarios, quienes accedieron a beneficios judiciales como la conversión de prisión efectiva en jornadas de servicios comunitarios.

El juez Vilca Conde decidió no otorgar dicho beneficio a Aco Linares debido a la gravedad de su implicación y la falta de argumentos convincentes por parte de su defensa. Ahora, la apelación fiscal eleva el caso a la Sala Penal correspondiente, donde la revisión podría tomar alrededor de dos meses. Coincidentemente, este plazo coincidiría con la expiración de las restricciones que lo inhabilitan.

El escenario es particularmente sensible, pues Aco Linares se encuentra en libertad y sin una sentencia ejecutoriada. De no ampliarse las medidas cautelares, y si la sala le concede el beneficio de la terminación anticipada, el exalcalde podría quedar habilitado para retomar su cargo pese a haber confesado actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Provoca la demora del Ministerio Público en este proceso, al considerar que su inacción podría facilitar la reincorporación de una autoridad ya señalada por prácticas ilícitas. La defensa de los intereses del Estado y de la legalidad, recuerdan los especialistas, no se limita a promover condenas, sino también a garantizar que los acusados no utilicen vacíos legales para evadir sanciones o recuperar cuotas de poder.