Por: Carlos Meneses

Los candidatos están obligados a ofrecer algo más que discursos cuidadosamente preparados. Deben demostrar liderazgo, conocimiento y capacidad real para gobernar un país golpeado por la inseguridad, la precariedad económica y el deterioro institucional. Porque más allá de la confrontación política, lo que está en juego es la posibilidad de recuperar la confianza de un país que hace tiempo dejó de creer.

El debate técnico previo a la segunda vuelta presidencial entre los equipos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú debía convertirse en una oportunidad para ofrecer claridad, solvencia y propuestas concretas frente a los problemas más urgentes del país. Sin embargo, el resultado terminó dejando una sensación de incertidumbre y decepción en gran parte de la ciudadanía.

Aunque el encuentro permitió evidenciar diferencias ideológicas entre ambas candidaturas, también confirmó una preocupante carencia de profundidad en temas fundamentales como seguridad ciudadana, reactivación económica, salud pública y descentralización. Más allá de algunas exposiciones ordenadas y momentos de confrontación moderada, predominó el discurso político antes que la explicación seria y detallada de cómo enfrentar la crisis que atraviesa el Perú.

Uno de los bloques más esperados fue el económico, protagonizado por Luis Carranza y Pedro Francke. Ambos mostraron visiones claramente distintas sobre el rol del Estado y la inversión privada. Mientras Fuerza Popular insistió en la estabilidad macroeconómica y el impulso empresarial, Juntos por el Perú defendió una mayor intervención estatal y fortalecimiento de programas sociales. No obstante, ninguno profundizó en asuntos decisivos como el déficit fiscal, la sostenibilidad del gasto público o las medidas concretas para generar empleo formal en un país golpeado por la informalidad y la desaceleración económica.

La seguridad ciudadana, principal preocupación nacional, tampoco encontró respuestas contundentes. Las propuestas escuchadas repitieron fórmulas ya conocidas: más patrulleros, endurecimiento de penas y fortalecimiento policial. Pero poco se habló de inteligencia operativa, control penitenciario, lucha contra economías ilegales o estrategias integrales para enfrentar al crimen organizado que hoy extorsiona, asesina y siembra temor en distintas regiones del país.

El problema más grave fue quizás la falta de conexión con la realidad regional. El debate volvió a tener un marcado enfoque centralista y dejó prácticamente relegadas las necesidades de ciudades como Arequipa y otras regiones del sur. No hubo mayor desarrollo sobre crisis hídrica, contaminación ambiental, minería informal, obras paralizadas ni sobre el abandono histórico de infraestructura básica fuera de Lima.

En varios momentos, el intercambio pareció más orientado a evitar errores políticos que a explicar propuestas viables. Hubo diagnósticos generales, promesas amplias y críticas mutuas, pero escasearon los plazos, cifras y mecanismos concretos para ejecutar las medidas planteadas. Y ese es precisamente el problema: el país ya no necesita discursos ambiguos, sino respuestas claras y realistas.

El Perú llega a esta segunda vuelta en medio de una profunda crisis de confianza. La ciudadanía está cansada de promesas electorales que nunca se cumplen y de gobiernos incapaces de responder a las demandas más elementales. Por eso, el debate presidencial del próximo 31 de mayo no puede repetir el mismo libreto técnico vacío y superficial.