El Consejo Regional de Arequipa (CRA) condiciona cualquier derogatoria de la Ordenanza Regional 007-2003, que protege la campiña y las áreas agrícolas de la región, a la aprobación de una norma que mantenga una protección jurídica equivalente. Esta posición se mantiene frente al pedido del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) que desde marzo solicitó dejar sin efecto una normativa vigente desde 2003.

La presidenta del Consejo Regional y de la Comisión de Normas y Asuntos Legales, Norma Ortega Valdivia, señaló que el órgano normativo no se opone a actualizar la ordenanza, considerando que han transcurrido más de 20 años desde su aprobación y que durante ese periodo también cambió la normativa nacional. Sin embargo, remarcó que cualquier modificación debe evitar un retroceso en la protección de la campiña. “Mi voto no va a ser favorable a la derogatoria de una ordenanza, en la medida que no exista un reemplazo que signifique una norma de igual protección a la campiña arequipeña”, afirmó.

El principal cuestionamiento del Legislativo regional está dirigido a la fórmula planteada por el IMPLA. Ortega Valdivia explicó que la propuesta contempla declarar de interés regional la protección de la campiña y las áreas verdes agrícolas, además de derogar la Ordenanza 007-2003. Sin embargo, para el órgano normativo, una declaratoria no reemplaza la protección que actualmente establece una ordenanza, misma que tiene rango de ley dentro del ordenamiento jurídico peruano. “Una declaratoria de interés regional puede tener la mejor de las intenciones, puede ayudar a poner un tema en agenda pública, pero no genera una protección jurídica efectiva”, sostuvo.

A su vez, la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Arequipa emitió una opinión contraria al pedido de derogatoria. El Legislativo regional mantiene, además, abiertas las mesas de trabajo con el IMPLA y otros actores que participan en el debate. Entre ellos, organizaciones de arquitectos y grupos vinculados a la defensa ambiental que también han expresado su rechazo a la eliminación de la norma.

El pedido todavía no cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Normas y Asuntos Legales, por lo que aún no está en condiciones de llegar al Pleno. Ortega Valdivia señaló que una nueva propuesta podría ser evaluada si en las próximas semanas se alcanza una fórmula que garantice la protección de la campiña. Mientras ello no ocurra, su posición es mantener vigente la Ordenanza 007-2003.