El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) impulsa una propuesta para establecer sanciones penales contra los servicios turísticos informales o ilegales que, por su gravedad, pongan en riesgo la vida, salud o integridad de turistas y ciudadanos. La iniciativa cobra especial relevancia tras recientes intervenciones registradas en Cusco.

CUSCO

El planteamiento forma parte del pedido de delegación de facultades legislativas presentado al Congreso de la República y contempla incorporar al Código Penal el delito de “Producción de peligro en la prestación de servicio turístico”. Con ello, se busca que determinadas conductas que actualmente pueden ser atendidas en el ámbito administrativo tengan una respuesta penal cuando representen un peligro grave.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que la medida pretende fortalecer la prevención y generar un mayor efecto disuasivo frente a operadores que trabajan sin cumplir las condiciones de habilitación, funcionamiento y seguridad establecidas por la legislación.

La propuesta se conoció luego de que la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR) de Cusco interviniera a un ciudadano de nacionalidad checa que realizaba labores de guía turístico sin contar con la acreditación y documentación exigidas. El extranjero, de 44 años, fue intervenido el 14 de septiembre mientras ofrecía servicios de guiado en el tramo Intihuatana-Hidroeléctrica, ruta amazónica hacia Machu Picchu.

Los fiscalizadores levantaron un acta e iniciaron un Procedimiento Administrativo Sancionador contra la agencia de viajes que lo contrató. El caso también fue remitido a Migraciones y a la Gerencia Regional de Trabajo para las acciones correspondientes.

Este fue el segundo caso detectado en menos de un mes en el mismo sector. Semanas antes, GERCETUR intervino a una ciudadana de Uganda por ejercer aparentemente de manera ilegal como guía turística.

La iniciativa también plantea incorporar al Código Penal el delito relacionado con el ensamblado, comercialización y utilización de vehículos tubulares sobre chasis de otro vehículo para el servicio público de transporte turístico. El objetivo es reforzar las exigencias técnicas y evitar que pasajeros y tripulantes sean expuestos a unidades que no cumplan las condiciones de seguridad.

MINCETUR aclaró que la eventual sanción penal no reemplazaría los mecanismos administrativos de formalización, orientación, supervisión y fiscalización. La respuesta penal estaría dirigida a situaciones excepcionales en las que la conducta y el riesgo generado revistan especial gravedad.

La propuesta busca fortalecer la seguridad de los visitantes y establecer mayores garantías para los operadores turísticos que cumplen las normas, en destinos de alta demanda como Cusco y Machu Picchu.