La Procuraduría Pública Regional de Arequipa busca completar su incorporación a la Procuraduría General del Estado (PGE) antes de finalizar 2026. El proceso implica que dejará de depender administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que actualmente proporciona los recursos para su funcionamiento. La meta regional contrasta con una nueva ampliación del plazo nacional para transferir estas dependencias, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

El procurador público regional de Arequipa, Vito Augusto Retamozo Pacheco, informó que ya remitieron toda la documentación requerida por el equipo técnico encargado de la transferencia y que el expediente se encuentra en manos de la PGE. Explicó que, aunque la Procuraduría ya cuenta con autonomía funcional, todavía depende administrativa y financieramente del gobierno regional. «Actualmente la procuraduría es autónoma, pero los servidores dependen del GRA. Con la transferencia el vínculo va a cambiar», manifestó.

El cambio alcanzará a los 31 trabajadores que integran la Procuraduría Regional de Arequipa, entre personal de los regímenes 276 y 728, nombrados y locadores de servicios. Todos pasarán a depender directamente de la PGE. En consecuencia, el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas asignaba al GRA para esta dependencia también deberá trasladarse a la instancia nacional. «La continuidad de nuestro presupuesto y nuestras funciones va a continuar normalmente», manifestó Retamozo Pacheco.

Sin embargo, la situación de los trabajadores todavía tiene aspectos por resolver. Durante una reunión con la diputada Amalia Palomino, los servidores nombrados expresaron su preocupación por la continuidad de los beneficios obtenidos mediante negociación colectiva y las condiciones laborales que tendrán bajo el nuevo marco normativo. Asimismo, informaron que el GRA les adeuda aproximadamente S/130 mil desde 2019 por conceptos contemplados en los acuerdos colectivos. Esta situación deberá abordarse paralelamente a la transferencia.

Aunque la Procuraduría de Arequipa ya completó los trámites exigidos para su incorporación, la PGE amplió hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de la comisión encargada de ejecutar las transferencias, mediante la Resolución N.° D000658-2026-JUS/PGE-PGE. La disposición establece que el grupo de trabajo continuará operando. Esta es la segunda ampliación, pues en 2024 la Resolución N.° D000756-2024-JUS/PGE-PGE ya había extendido su funcionamiento hasta una fecha de 2026. De no concretarse la transferencia de Arequipa en diciembre, el procedimiento podrá continuar dentro del nuevo plazo nacional.

El proceso no solo implica un cambio en la administración de los recursos y del personal, sino también la definición de las condiciones laborales de quienes pasarán a integrar la estructura nacional. Arequipa mantiene diciembre como plazo para completar el procedimiento, mientras la comisión nacional tendrá un año adicional para concluir las transferencias pendientes.