La presidenta Dina Boluarte y otros exministros de su gestión son investigados por el caso de las muertes de manifestantes en el contexto de las protestas sociales ocurridas en el país entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

EN INVESTIGACIÓN POR MUERTES EN PROTESTAS

El Despacho Presidencial aprobó utilizar 180 000 soles del erario público para financiar la defensa legal de Dina Boluarte en la investigación fiscal que afronta por las muertes ocurridas en las protestas sociales que se dieron en el país durante diciembre del 2022 y enero del 2023 tras la vacancia de Pedro Castillo. 

La mandataria presentó su solicitud de defensa el pasado 30 de enero de este año, que fue subsanada el 6 de febrero. Según la resolución administrativa, la contratación requerida se encuentra justificada en la necesidad que tiene la presidenta de contar con patrocinio legal.

“Se resuelve aprobar la contratación directa para la contratación de defensa legal otorgada por Resolución N° 000019-2024-DP/SSG, a favor de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su calidad de presidenta de la República en funciones, por el monto de S/. 180 mil, incluidos los impuestos de ley”, se lee en la resolución.

Ese documento se ampara en el artículo 35 de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, que avala la cobertura de la defensa legal de un funcionario público investigado en el ámbito penal o administrativo.

RECHAZO

Por otro lado, el juez constitucional Jonathan Valencia López rechazó la demanda de amparo que interpuso la mandataria Dina Boluarte para anular la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación ante el Congreso tras sindicarla como presunta autora de comisión por omisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas sociales. 

Valencia López también declaró infundado el extremo de dicha demanda en el que la presidenta solicitaba que se archive tanto la investigación por la muerte de cinco personas y las lesiones de una sexta, que es la base de esta denuncia constitucional del Ministerio Público, así como la investigación fiscal por el presunto delito de genocidio.

La resolución emitida el último 27 de marzo, a la que tuvo acceso RPP, señala que no se puede evidenciar actos por parte del Ministerio Público que constituyan violación de los derechos alegados por la parte demandante.

La entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso el pasado 10 de enero del 2023 iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, Alberto Otárola; así como a los exministros Víctor Rojas y Jorge Chávez por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.