El Poder Judicial confirmó la legalidad de los allanamientos ejecutados en el marco de la investigación por presuntas contrataciones irregulares durante el gobierno del expresidente José Jerí. La medida fue respaldada por la Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima, que declaró infundados los recursos presentados por las defensas de cuatro investigados, quienes buscaban anular la resolución judicial que autorizó dichas diligencias.

EN GESTIÓN DE JOSÉ JERÍ

Los allanamientos, realizados el pasado 10 de abril por personal de la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con agentes de la Policía Nacional, incluyeron el ingreso a inmuebles vinculados a 23 personas investigadas por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Las diligencias también contemplaron el registro domiciliario y personal, la incautación de bienes y el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

La decisión judicial ratifica la resolución emitida el 31 de marzo por el juez Manuel Chuyo, quien consideró que estas medidas eran necesarias y urgentes para el avance de las investigaciones. En su fallo del 30 de abril, el colegiado superior sostuvo que el magistrado actuó conforme a derecho, al fundamentar adecuadamente la necesidad de las diligencias frente al interés público de esclarecer posibles actos de corrupción.

Asimismo, el tribunal precisó que no se ha vulnerado el derecho de defensa ni la inviolabilidad de domicilio de los investigados, ya que las medidas adoptadas buscan obtener elementos de prueba que no podrían conseguirse mediante mecanismos menos invasivos. En ese sentido, la sala consideró que los allanamientos fueron proporcionales y debidamente motivados.

Las investigaciones se originaron tras la difusión de información que revelaba que diversas jóvenes habrían visitado Palacio de Gobierno durante la gestión de José Jerí y, posteriormente, habrían sido contratadas en distintas entidades estatales o beneficiadas con órdenes de servicio. Estos hechos despertaron sospechas sobre posibles favorecimientos indebidos desde el más alto nivel del Ejecutivo.

En ese contexto, el Ministerio Público inició el pasado 13 de febrero una investigación preliminar contra el exmandatario por el presunto delito de tráfico de influencias. La hipótesis fiscal apunta a que dichas reuniones habrían derivado en contrataciones irregulares dentro del aparato estatal, lo que configuraría un uso indebido del poder político.

La confirmación de los allanamientos fortalece la posición del Ministerio Público en la recolección de pruebas y marca un avance importante en el proceso. Además, envía un mensaje sobre la disposición del sistema judicial para respaldar acciones orientadas a combatir presuntos actos de corrupción en las más altas esferas del poder.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras se espera que las diligencias realizadas permitan esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales. Entretanto, la atención pública se mantiene centrada en el desarrollo de este proceso, que podría tener implicancias políticas y judiciales de alto impacto.