Fiscalía apela archivo del delito de asociación ilícita contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

El Ministerio Público presentó un recurso de apelación para que se revoque la resolución judicial que archivó el delito de asociación ilícita atribuido al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros investigados en el proceso por el caso Gasoducto Sur Peruano, vinculado a la empresa Odebrecht.

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos cuestionó la decisión emitida el pasado 3 de julio por el juez Leodan Cristóbal Ayala, quien declaró fundada una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exministro Luis Miguel Castilla. Los efectos de dicha resolución fueron extendidos al exmandatario, a Heredia y a otros exfuncionarios procesados.

La Fiscalía sostiene que el magistrado realizó una interpretación incorrecta del artículo 7 del Código Penal al aplicar de manera retroactiva la Ley N.º 32108. Además, argumenta que la resolución presenta deficiencias en su motivación y afecta el principio de seguridad jurídica. Por ello, solicita que una instancia superior revoque el fallo y disponga la continuidad del proceso por el delito de asociación ilícita.

De manera paralela, Ollanta Humala y Nadine Heredia también apelaron la resolución, pero únicamente respecto al extremo que mantiene vigente el proceso para determinar una eventual reparación civil por los presuntos daños ocasionados al Estado. Su defensa sostiene que el juez no fundamentó adecuadamente esa decisión y pide que se emita un nuevo pronunciamiento.

Los recursos de apelación fueron concedidos por el juez el pasado 21 de julio y serán evaluados por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que deberá programar una audiencia para escuchar a las partes antes de emitir un fallo.

El caso Gasoducto Sur Peruano forma parte de las investigaciones derivadas del caso Odebrecht. La Fiscalía acusa a Humala, Heredia y otros exfuncionarios de presuntos delitos de asociación ilícita y colusión agravada, por los cuales ha solicitado penas de hasta 35 años de prisión.

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