El proceso para liberar terrenos administrados por el Proyecto Especial Integral Majes-Siguas (PEIMS) – Autodema sufrió un nuevo revés. La entidad determinó que pondrá a disposición de los seis municipios distritales 12 mil 801 hectáreas, pese a que el trabajo técnico desarrollado durante más de un año identificó 39 mil 579 hectáreas en el marco de la Ley N.° 32352. La reducción deja fuera 26 mil 778 hectáreas que inicialmente fueron consideradas para su transferencia.

La Ley N.° 32352, promulgada el 27 de mayo de 2025, permite desafectar terrenos reservados para Majes-Siguas que no tienen afectación en uso ni forman parte del desarrollo agrícola del proyecto. Bajo esta norma, Huancarqui, Uraca-Corire, San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas, Lluta y Quilca solicitaron la liberación de áreas administradas por Autodema. La desafectación de terrenos permitirían impulsar proyectos urbanos y de infraestructura que actualmente enfrentan restricciones por la titularidad de los terrenos.

La consejera regional por Castilla, Natividad Taco Cueva, informó que el PEIMS – Autodema sustentó la disminución del área original reconociéndolas como áreas de riesgo, zonas vulnerables y de reserva. Motivo por el cual cuestionó que la entidad modifique una delimitación trabajada durante más de un año. “Autodema tiene más de 40 años con 471 mil hectáreas y a la fecha se utilizaba el 13%. Entonces, ¿por qué seguir administrando estos espacios sin otorgar ningún beneficio a los distritos afectados?”, señaló. 

La reducción afecta de manera distinta a los distritos involucrados. En Quilca, el área pasó de 2 mil 411 a 394 hectáreas; en Lluta, de 5 mil 500 a 1 700 hectáreas; en el Valle de Siguas, de 9 128 a 2 562 hectáreas; y en el Valle de Majes, de alrededor de 22 000 a 8 139 hectáreas. En la última reunión desarrollada ayer, los alcaldes de los distritos involucrados cuestionaron que Autodema mantenga bajo su administración terrenos que no tendrían uso agrícola y que podrían destinarse a expansión urbana o proyectos de inversión.

Ante esta situación, Taco Cueva anunció que elaborará un informe de fiscalización y, adicionalmente, solicitará una reconsideración técnica y legal a Autodema. Según indicó, la entidad consideró inviable el pedido debido a limitaciones de personal y presupuesto. La consejera planteó que el proceso continúe con las 12 801 hectáreas, pero que se evalúe una segunda etapa de transferencia o una cesión en uso de los terrenos excluidos. Sin embargo, aseveró que el descontento en las jurisdicciones involucradas podría dar inicio a una movilización social. 

Asimismo, los alcaldes de los distritos involucrados expresaron su rechazo a la reducción y advirtieron que la población esperaba la liberación de las 39 579 hectáreas trabajadas inicialmente. Trascendió que algunos representantes municipales plantearon medidas de protesta si no existe una reconsideración. El conflicto gira ahora en torno al alcance de la Ley 32352 y al destino de terrenos que pertenecen a gobiernos locales, pero son administrados por Autodema.