EN VÍA AREQUIPA-LA JOYA

Más de 2 mil hectáreas de terrenos estatales ubicados en el entorno del puente Arequipa-La Joya permanecen ocupadas ilegalmente, mientras procesos administrativos y judiciales sin resolución definitiva dificultan la recuperación de estos espacios, informó la procuradora adjunta del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Amparo Begazo Burga.

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Más de 2 mil hectáreas ocupadas

Uno de los principales conflictos está relacionado con los terrenos de la asociación Ampaca, predios que fueron adjudicados hace más de tres décadas por el entonces Ministerio de Agricultura para desarrollar actividades agrícolas. La entrega tenía como finalidad contribuir a la irrigación de más de 5 mil hectáreas; sin embargo, al no concretarse completamente el objetivo previsto, el Estado inició un procedimiento para revertir los terrenos a su favor.

El proceso llegó al Poder Judicial y una resolución determinó que debía rehacerse el procedimiento administrativo debido a observaciones encontradas en el trámite. Begazo aclaró que este fallo no reconoció la propiedad de los terrenos a favor de la asociación, sino que dispuso que la reversión se efectúe nuevamente respetando el procedimiento correspondiente.

“Han pasado más de dos años para que vuelva a hacerse la reversión como debe ser. Habría que preguntar a la Gerencia de Agricultura por qué ese proceso no ha concluido”, señaló la procuradora adjunta.

La falta de una definición sobre la situación legal de estos predios genera un escenario que, según la representante del GRA, es aprovechado por organizaciones dedicadas al tráfico de terrenos. En sectores como Arequipa-La Joya, asociaciones como Arequipa Tupay realizan ocupaciones y lotizaciones sobre terrenos cuya titularidad y disponibilidad aún se encuentran en controversia.

Ante esta situación, Begazo Burga recomendó a los ciudadanos verificar minuciosamente la documentación de cualquier predio antes de realizar una compra. Advirtió que los terrenos estatales no pueden ser comercializados libremente y que su disposición debe efectuarse mediante los mecanismos legales establecidos, como la subasta pública.

“Quien les diga lo contrario simplemente son los traficantes de terrenos y no van a llegar a nada positivo; van a perder su inversión”, alertó.

El problema también se extiende al Cono Norte de Arequipa, donde más de 541 hectáreas vinculadas al Parque Industrial se encuentran involucradas en otro proceso judicial. En este caso participa el ciudadano Díaz Macuchapi. La Sala Civil declaró nula una sentencia anterior y, hasta el momento, el Poder Judicial no ha emitido un nuevo pronunciamiento.

Para la Procuraduría regional, la demora en estos procesos genera condiciones favorables para nuevas ocupaciones y facilita incluso la venta irregular de un mismo lote a diferentes personas.

Mientras los casos continúan en los tribunales y en las instancias administrativas, el GRA mantiene operativos para recuperar terrenos estatales. Begazo informó que, junto con Autodema, recientemente se realizaron intervenciones en El Pedregal, donde también fueron detectadas ocupaciones ilegales.

La procuradora sostuvo que estas acciones continuarán con el objetivo de proteger el patrimonio estatal y evitar que más ciudadanos sean perjudicados por la compra de terrenos sin respaldo legal.