El Partido del Buen Gobierno cuestionó al Gobierno por lo que considera falta de respuestas públicas tras el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, ocurrido el sábado 19 de septiembre en un mercado de Caraz, provincia de Huaylas. La organización política sostuvo que la ausencia de explicaciones oficiales incrementa el temor y la desconfianza de la ciudadanía.

En un pronunciamiento, el partido que lidera el exministro Jorge Nieto Montesinos señaló que el ministro del Interior, César Astudillo, debería informar públicamente sobre las circunstancias del crimen y el avance de las investigaciones.

“El país exige verdad, y verdad pronta”, sostuvo la agrupación, que demandó esclarecer el asesinato y determinar responsabilidades. En su comunicado también formuló interrogantes sobre las posibles motivaciones del ataque y pidió descartar o confirmar las versiones que han circulado en torno al caso.

Aponte, conocida como “China Polo”, fue atacada a balazos mientras realizaba actividades proselitistas. La Fiscalía abrió inicialmente una investigación preliminar por presunto feminicidio, mientras que posteriormente informó que el caso es investigado como presunto sicariato.

La investigación permanece en curso. El Ministerio Público informó que se realizan diligencias para determinar las circunstancias del crimen y establecer quiénes participaron en el ataque. Entre las acciones consideradas figuran la recopilación de declaraciones de los heridos, la revisión de cámaras de seguridad y pericias correspondientes.

La situación también generó pronunciamientos institucionales. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el asesinato y pidió reforzar las medidas de prevención y protección para candidatos y candidatas que participan en las elecciones regionales y municipales.

Uno de los elementos que ha cobrado relevancia en la investigación son las amenazas que Aponte afirmó haber recibido antes de su muerte. Días previos al ataque, la candidata había difundido un video en el que aseguró haber recibido llamadas provenientes de establecimientos penitenciarios y señaló al entonces jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, como supuesto responsable de una orden para atentar contra ella. Estas afirmaciones corresponden a una denuncia de la propia víctima y deberán ser esclarecidas por las autoridades.

El crimen ocurre en pleno proceso electoral y ha generado pedidos para reforzar la seguridad de quienes participan en la campaña. La investigación fiscal deberá establecer las responsabilidades penales y las circunstancias que rodearon el asesinato.