Por: Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto

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Las cifras de pobreza monetaria muestran un país que retrocede en el bienestar de su población, incluso aproximándose a una situación similar a la de la pandemia. Frente al 2019, tenemos 3,3 millones peruanos más que no cuentan con suficientes ingresos para hacer frente al costo de la canasta básica de consumo. En el ámbito urbano la pobreza alcanzó una tasa de 26,4% de la población, 11,8 puntos porcentuales por arriba de lo registrado el 2019. En el caso de Arequipa, la pobreza monetaria aumentó marginalmente en el 2023, al ubicarse en torno a 13,9%. Esto debido a la contracción del PBI de 1% y a una inflación de 4,5%.

Es evidente que el incremento en el costo de vida que duró casi tres años y la recesión del año pasado explican esta penosa situación. Pero la responsabilidad no solo recae en factores externos, como lo recalcan las autoridades, sino en su incapacidad para crear las mínimas condiciones que habiliten acelerar la inversión privada. Recordemos que cuando la inversión privada crecía a doble dígito, la pobreza caía en promedio 4% cada año porque se generaba una significativa demanda de empleo. Los últimos dos años, la inversión privada se contrajo y el mercado laboral se precarizó.

Arequipa tiene la oportunidad de acelerar su crecimiento económico poniendo en valor una cartera proyectos mineros por más de USD 5000 millones, sector que aporta más de un tercio del valor agregado bruto de la región. Además, de apuntalar su sector agroindustrial aprovechando que Arequipa se ha mantenido entre las cinco regiones con mayor productividad agrícola del país, superando en casi tres veces al promedio nacional. El sector energético también muestra un gran potencial en vista de que hay ocho nuevas centrales solares fotovoltaicas que representan una inversión superior a los USD 1300 millones, según estimados del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El ámbito donde la responsabilidad recae plenamente en los tres niveles de gobierno es en el cierre de brechas sociales. Pese a contar con presupuestos crecientes, la incapacidad de las autoridades se torna patente. En los últimos cinco años, el presupuesto en las funciones de educación y salud en el departamento de Arequipa aumentó en 79% y 72%, respectivamente. Sin embargo, los estudiantes arequipeños de segundo grado de secundaria que no alcanzaron los objetivos de aprendizaje en Lectura y Matemática representan el 70,3% y 79,3%, respectivamente. Por su parte, la incidencia de anemia en los niños menores de tres años ha permanecido estancada en 34% en similar periodo. Una revisión de los principales indicadores sociales muestra brechas sociales persistentes pese a la inyección de recursos públicos.

Urge tomar acción para encarar esta situación que solo alimenta la frustración de una población enajenada que ve con desesperanza el futuro y que nuevamente puede caer tentada por promesas políticas que no aseguran mejoras en su bienestar.