Por: Carlos Meneses

Hay quienes creen que el poder de la presidenta se irá disminuyendo mientras más cerca esté la hora del cambio de gobierno.

En el mes de abril la presidenta Dina Boluarte deberá convocar a elecciones para el 2026, así lo ha propuesto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) después de haber cerrado consultas con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el RENIEC.

En el próximo año, acudirán a votar 37 millones de peruanos, de los cuales 2 millones serán nuevos electores; es decir ciudadanos que han alcanzado los 18 años entre el anterior proceso y el que está por realizarse.

A partir de tal fecha, la mandataria pasa a ser una figura decorativa en el proceso político peruano que tendrá un exigente cumplimiento de fechas y de condiciones para quienes participarán del primer congreso bicameral de los últimos años.

De seguro habrá todavía algunas novedades por decisiones del Parlamento, pero muy pocas en relación a fechas que no se pueden postergar arbitrariamente y que colocan en incómoda situación a quien tiene que liderar una transmisión pacífica y ordenada de la renovación de poderes. Tampoco serán posibles cambios en el nivel de ejecución que tiene que realizarse paralelamente con lo electoral.

Se calcula que llegarán a ser más de 40 los partidos oficialmente representados en las elecciones con mayor número de postulantes en la historia del Perú.

Para los políticos será también la oportunidad para evidenciar que se requiere un proceso electoral limpio y democrático en el que el jefe de Estado tendrá que demostrar condiciones excelentes para garantizar el poder escoger al mejor entre los postulantes.