La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará el próximo 24 de junio si mantiene o amplía la prisión preventiva impuesta al exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, investigado por el presunto delito de organización criminal en un caso que también involucra al expresidente Pedro Castillo.

La audiencia virtual se desarrollará desde las 9:00 horas y permitirá a los magistrados analizar los recursos de apelación presentados tanto por la defensa del exfuncionario como por el Ministerio Público. La decisión será clave para determinar el tiempo que Alvarado continuará privado de su libertad mientras avanzan las investigaciones.

Por un lado, la defensa legal del exministro busca revocar la resolución emitida en marzo por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundada en parte la solicitud fiscal para ampliar la medida coercitiva. Los abogados sostienen que no existen elementos suficientes que justifiquen la prolongación de la prisión preventiva.

Por otro lado, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitará que la medida sea ampliada hasta por 12 meses. El Ministerio Público considera que la complejidad del caso y las diligencias pendientes requieren un mayor plazo para garantizar el desarrollo adecuado de la investigación.

El tribunal escuchará los argumentos de ambas partes, así como la participación del propio Geiner Alvarado, quien seguirá la audiencia desde el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, donde permanece recluido.

La investigación comprende los casos Petroperú, Puente Tarata y presuntas irregularidades en el Ministerio de Vivienda. Según la tesis fiscal, estos hechos formarían parte de una presunta organización criminal que habría operado durante el gobierno de Pedro Castillo para favorecer intereses particulares mediante contrataciones y obras públicas.

La resolución de primera instancia estableció que la ampliación de siete meses de prisión preventiva se computa desde el 31 de marzo hasta el 31 de octubre de 2026. Tras la audiencia, la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre si confirma dicho plazo, lo reduce o accede al pedido fiscal de extenderlo hasta completar un año de prisión preventiva.