Una comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados investigará seis proyectos de infraestructura ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que comprometen una inversión conjunta de S/1 161 millones y acumulan cuestionamientos sobre procesos de licitación, expedientes técnicos, supervisión y cumplimiento de plazos. La fiscalización comprenderá cuatro carreteras y dos hospitales, considerados entre las principales inversiones de la gestión del gobernador Rohel Sánchez Sánchez.

SON 4 CARRETERAS Y 2 HOSPITALES

Los proyectos incluidos son las vías Majes-Lluta-Huambo, Cayma-Cabrerías-Pampa Cañahuas, San Gregorio-Sahuani y Jachaña-Cayarani, además de los hospitales Maritza Campos y de Camaná.

La propuesta será presentada y sustentada la próxima semana ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se solicitará la conformación de una comisión integrada por entre cinco y nueve representantes de distintas bancadas. La investigación abarcará tanto los procedimientos de selección de las empresas contratistas como la ejecución de las obras.

La parlamentaria que impulsa la iniciativa señaló que no se tratará de un grupo de trabajo, sino de una comisión multipartidaria con facultades de fiscalización. Asimismo, adelantó que esperan presentar los primeros resultados en febrero.

El pedido de investigación fue promovido por el consejero regional César Huamantuma Alarcón, quien entregó documentación de las fiscalizaciones realizadas por el Consejo Regional y los informes emitidos por la Contraloría General de la República.

Entre las principales observaciones figura un presunto perjuicio económico de S/18 millones identificado por el órgano de control durante el proceso de licitación de la carretera Majes-Lluta-Huambo.

También existen cuestionamientos a la vía Cayma-Cabrerías-Pampa Cañahuas, cuya inauguración fue anunciada para noviembre. Huamantuma advirtió que debe verificarse la calidad de los trabajos, el gasto ejecutado y el avance real de la infraestructura. Además, cuestionó que la supervisión de una obra de esa magnitud no recaiga en un profesional con las responsabilidades correspondientes. «Tiene que ser la empresa supervisora, no un simple inspector», sostuvo.

En el Hospital de Camaná, las observaciones están relacionadas con la necesidad de ejecutar una intervención estructural que no habría sido considerada en el expediente técnico del saldo de obra. Según el consejero, el administrador del establecimiento informó sobre esta deficiencia durante una fiscalización.

Otro punto cuestionado es el costo de los expedientes técnicos. El documento correspondiente al saldo de obra habría demandado S/4 millones, mientras que el expediente original de todo el hospital costó S/1.5 millones.

En el Hospital Maritza Campos, las observaciones comprenden los requisitos de experiencia exigidos al residente de obra y la falta de previsión para instalar equipos de diagnóstico, como tomógrafos y mamógrafos.

También se advirtió una diferencia entre los anuncios del Gobierno Regional y los plazos contractuales. Mientras la gestión de Sánchez anunció la entrega del establecimiento para noviembre, durante la fiscalización se informó que el contrato establecía febrero como fecha de culminación.

La eventual comisión deberá determinar si estas observaciones corresponden a problemas aislados o revelan deficiencias recurrentes en la contratación, supervisión y ejecución de las inversiones regionales. Con S/1 161 millones comprometidos, la fiscalización buscará establecer responsabilidades y esclarecer el destino de los recursos públicos.