Fiscalizar una obligación,

no un espectáculo político

La decisión de la Cámara de Diputados de investigar cuatro carreteras y dos hospitales ejecutados por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), cuyos proyectos comprometen una inversión de S/1 161 millones, constituye una oportunidad para esclarecer las responsabilidades sobre obras que arrastran cuestionamientos. Sin embargo, la conformación de una comisión multipartidaria no debe convertirse en otro ejercicio de exposición política sin consecuencias. La región necesita respuestas, documentación verificable y, sobre todo, sanciones cuando se comprueben irregularidades.

Las vías Majes-Lluta-Huambo, Cayma-Cabrerías-Pampa Cañahuas, San Gregorio-Sahuani y Jachaña-Cayarani, junto con los hospitales Maritza Campos y de Camaná, forman parte de una cartera de infraestructura que debería contribuir al desarrollo regional y mejorar las condiciones de vida de miles de ciudadanos. Por ello, cualquier sospecha sobre el manejo de sus recursos públicos exige una investigación rigurosa.

Uno de los casos más preocupantes corresponde a la carretera Majes-Lluta-Huambo, donde la Contraloría detectó un presunto perjuicio de S/18 millones durante el proceso de licitación. La cifra no es menor. Se trata de recursos que pertenecen a los contribuyentes y que deberían traducirse en infraestructura de calidad, no quedar comprometidos por decisiones administrativas cuestionables. Asimismo, las observaciones sobre supervisión y calidad en Cayma-Cabrerías-Pampa Cañahuas evidencian que el control de las obras debe extenderse más allá de los procedimientos de contratación.

La comisión, que será propuesta ante el Pleno de Diputados y estaría integrada por entre cinco y nueve representantes de distintas bancadas, tiene previsto presentar sus primeros resultados en febrero. El plazo debe servir para examinar contratos, expedientes técnicos, valorizaciones, modificaciones presupuestales, avances físicos y responsabilidades de funcionarios y empresas. Una investigación superficial sería una nueva decepción para Arequipa.

Pero la fiscalización parlamentaria no puede reemplazar el trabajo de la Contraloría, el Ministerio Público ni las entidades responsables de la administración regional. Cada institución tiene competencias específicas y debe actuar sin interferencias. Si existen indicios de perjuicio económico, estos deben trasladarse a las instancias correspondientes para determinar responsabilidades civiles, administrativas o penales.

La gestión del gobernador Rohel Sánchez no puede escudarse en anuncios de inversión ni en cifras presupuestales para eludir el escrutinio. Ejecutar recursos públicos implica rendir cuentas sobre su destino, calidad y utilidad. Las obras no se justifican por el monto invertido, sino por los resultados que entregan a la población.

RESALTAR

Arequipa está cansada de proyectos que consumen millones y acumulan observaciones. La comisión de diputados debe demostrar que la fiscalización sirve para algo más que producir informes. La ciudadanía espera transparencia, responsabilidades identificadas y medidas concretas. Investigar es el primer paso; recuperar los recursos comprometidos y evitar que las irregularidades se repitan es la verdadera obligación.