Con 27 casos confirmados de sarampión en Arequipa, de los cuales cuatro corresponden a estudiantes de educación básica, las autoridades sanitarias intensificarán la identificación y vacunación de menores que aún no cuentan con protección contra esta enfermedad. Paralelamente, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que las personas que rechacen inmunizarse deberán firmar un acta de desistimiento en la que reconocerán el riesgo de contagiar a familiares, amistades y otros integrantes de la comunidad.

El gerente regional de Educación, Marco Choque Manrique, informó que el Ministerio de Educación entregó a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) la base de datos de estudiantes con el propósito de identificar a quienes no completaron su esquema de vacunación y priorizar su inmunización mediante brigadas especializadas. “Hemos logrado por parte del Ministerio de Educación la data de los estudiantes de entre 5 y 10 años para identificar a todos los estudiantes en este grupo etario que no hayan recibido la vacuna”, señaló.

Según estimaciones del sector Salud, cerca de 50 mil niños menores de 10 años permanecen sin inmunizar en la región. La información proporcionada por el sector Educación permitirá elaborar cronogramas de intervención en instituciones educativas y acelerar la cobertura de este grupo poblacional. Cabe resaltar que a la fecha hay al menos cuatro escolares contagiado si con sarampión, mientras que 10 casos considerado sospechosos están bajo evaluación.

Ante la presencia de contagios en edad escolar, la GREA dispuso durante mayo y junio el desarrollo de actividades de sensibilización sobre el sarampión en las instituciones educativas, además de coordinar con las UGEL la difusión de medidas preventivas y apoyar las jornadas de vacunación programadas por la Geresa. No obstante, la entidad descartó, por el momento, implementar clases virtuales como medida de emergencia.

Como parte de las acciones adoptadas durante el brote, el Minsa indicó que las actas de desistimiento suscritas por quienes rechacen vacunarse serán remitidas a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que el ciudadano asuma la responsabilidad derivada de una decisión que podría afectar la salud pública.