Por Carlos Meneses

La escuela debe ser un lugar seguro para aprender, convivir y desarrollarse. Las 11 805 denuncias nacionales y los 775 casos reportados en Arequipa no pueden convertirse simplemente en estadísticas. Son una advertencia concreta. Ignorarla hasta que ocurra una tragedia sería llegar demasiado tarde.

La violencia escolar dejó de ser un problema aislado para convertirse en una señal de alarma que las autoridades educativas, los colegios y las familias no pueden seguir tratando como hechos excepcionales. Las cifras registradas durante 2026 muestran una realidad que exige prevención, atención oportuna y seguimiento.

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto, la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación acumuló 11 805 reportes de violencia escolar en todo el país. De ellos, 5 187 correspondieron a violencia física, 4 559 a violencia psicológica y 2 059 a violencia sexual. Además, 8 156 reportes involucraron agresiones entre estudiantes y 3 649 fueron atribuidos a personal de las instituciones educativas contra escolares.

Arequipa tampoco es ajena a esta situación. Hasta agosto se habían reportado 730 casos y posteriormente la Gerencia Regional de Educación informó que la cifra llegó a 775 casos. La región se ubica después de Lima entre las jurisdicciones con mayor número de reportes. El dato debe llamar especialmente la atención porque durante 2025 se registraron 1 508 casos en Arequipa.

Detrás de cada número hay un estudiante que puede estar enfrentando miedo, humillación, agresiones físicas, hostigamiento o situaciones de violencia sexual. Y detrás de cada denuncia existe también una responsabilidad institucional: escuchar, actuar y proteger.

Los recientes hechos ocurridos en distintas regiones refuerzan esta preocupación. En Lambayeque, una escolar fue intervenida luego de una alerta por la presunta presencia de un arma de fuego dentro de su colegio. En Lima, adolescentes son investigados por una presunta agresión sexual contra otro estudiante. En Huancayo, un escolar de 13 años murió después de una agresión con arma blanca durante una pelea.

No se trata de equiparar todos los casos ni de convertir las escuelas en espacios de sospecha permanente. Se trata de reconocer que existen señales que deben ser detectadas antes de que una situación termine en una tragedia.

La prevención tampoco puede reducirse a charlas ocasionales o campañas cuando un caso adquiere notoriedad pública. Se necesitan protocolos que funcionen, docentes preparados para identificar cambios de conducta, directores que actúen frente a las denuncias y equipos de orientación con capacidad real para intervenir. Las familias, además, deben formar parte de esta tarea.

También corresponde evaluar qué ocurre después de una denuncia. Registrar un caso no basta. La víctima necesita protección, acompañamiento y seguimiento; y quien ejerce violencia debe recibir la intervención que corresponda, dentro de la ley y con medidas que eviten la repetición de los hechos.