El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recibió millonarios recursos provenientes de organismos de cooperación internacional destinados a fortalecer los procesos electorales y la institucionalidad democrática, pero estos montos no aparecen registrados en sus reportes públicos de ejecución financiera, según una investigación difundida por el programa “Contra Corriente”.

La información señala que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) no habría realizado la fiscalización de los recursos entregados mediante cooperación técnica internacional vinculada al ámbito electoral, mientras el organismo electoral sostiene actualmente que enfrenta dificultades presupuestales para garantizar la organización de próximos comicios regionales y municipales.

De acuerdo con la documentación revisada, entre los años 2021 y 2023 ingresaron recursos económicos destinados a proyectos relacionados con el fortalecimiento de la democracia, el diálogo político, la integridad electoral y la mejora de las condiciones para los procesos de votación.

Entre los principales aportantes figura IDEA Internacional, organización que recibió financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por un monto aproximado de 9.6 millones de dólares para ejecutar iniciativas relacionadas con el sistema electoral peruano.

Asimismo, la Unión Europea destinó alrededor de 2.5 millones de euros para apoyar programas vinculados con el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana.

Sin embargo, pese al volumen de los recursos comprometidos, los estados financieros del JNE no muestran montos ejecutados bajo ese concepto. La explicación radica en que la institución electoral aparece como entidad receptora o beneficiaria de los proyectos, mientras que la administración y ejecución directa de los fondos corresponde a las organizaciones internacionales encargadas de implementar los programas.

Bajo este esquema, los recursos de cooperación internacional no reembolsable son gestionados por los organismos intermediarios, que desarrollan las actividades previstas en los convenios suscritos con las entidades públicas involucradas.

La revelación generó cuestionamientos desde algunos sectores políticos, que plantearon la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización sobre los fondos extranjeros destinados a instituciones públicas y organizaciones vinculadas con asuntos de interés nacional.

El congresista Alejandro Aguinaga señaló que existe preocupación porque un porcentaje importante de proyectos financiados mediante cooperación internacional no cumpliría con los mecanismos de registro establecidos. Según afirmó, cerca del 85 % de proyectos no reembolsables gestionados por organizaciones no gubernamentales no estarían inscritos adecuadamente.

Los cuestionamientos se producen en un contexto en el que el JNE ha advertido limitaciones presupuestales para afrontar las próximas elecciones regionales y municipales, programadas para el 2026.

Mientras tanto, especialistas señalan que la cooperación internacional constituye un mecanismo utilizado en diversos países para fortalecer sistemas electorales, aunque destacan la importancia de garantizar transparencia, trazabilidad y acceso público a la información sobre el destino de los recursos.