Por: Carlos Meneses

La protesta anunciada para el 25 de mayo debe entenderse como una advertencia sobre el abandono que sienten miles de productores. Cuando la agricultura pierde rentabilidad, no solo se afecta al agricultor; también se golpea la economía regional, el empleo rural y la estabilidad alimentaria del país.

El anuncio de un paro nacional de arroceros para el próximo 25 de mayo refleja una preocupación legítima que el Gobierno no puede minimizar ni postergar. Detrás de la protesta existe una realidad que golpea directamente a miles de familias agricultoras del país: producir arroz en el Perú hoy resulta cada vez menos rentable frente al ingreso masivo de producto importado.

En regiones como Arequipa, particularmente en el Valle de Majes, la crisis ya se siente con fuerza. Son aproximadamente seis mil hectáreas dedicadas al cultivo de arroz y cientos de agricultores que, tras una campaña completa de esfuerzo, inversión y trabajo, hoy no logran recuperar ni siquiera los costos de producción. El desplome del precio del arroz ha dejado a muchos productores al borde del endeudamiento y la quiebra.

El problema no puede analizarse únicamente desde la lógica del libre mercado. Es cierto que el comercio internacional abre oportunidades y permite el ingreso de productos a menor costo. Sin embargo, también es cierto que la competencia debe darse en condiciones equilibradas. Los productores peruanos denuncian que el arroz importado llega desde países donde la agricultura recibe subsidios y mecanismos de protección estatal que aquí simplemente no existen.

La pregunta de fondo es válida: ¿cómo puede competir el agricultor peruano en igualdad de condiciones frente a economías que protegen activamente a su sector agrícola? El riesgo es evidente. Si el productor nacional continúa acumulando pérdidas, llegará el momento en que dejará de sembrar porque la actividad ya no será sostenible.

Y allí aparece una preocupación aún mayor: la seguridad alimentaria. El arroz no es un producto cualquiera. Es uno de los principales alimentos de la canasta básica peruana y forma parte del consumo diario de millones de familias. Depender casi exclusivamente de importaciones para abastecer el mercado interno sería un grave error estratégico para el país.

El Estado tiene la obligación de encontrar un equilibrio. No se trata de cerrar mercados ni de eliminar los acuerdos comerciales internacionales, sino de aplicar políticas que permitan proteger la producción nacional frente a escenarios claramente desiguales. Revisar el esquema arancelario y priorizar la compra de arroz peruano en programas sociales podrían ser medidas razonables para aliviar la crisis.

También es necesario abrir espacios de diálogo reales con los agricultores. El silencio o la indiferencia solo profundizarán el conflicto y aumentarán el malestar en el campo.